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Introducción
El territorio uruguayo fue, desde los albores de la historia colonial, campo de conflictos. A pesar de encontrarse al interior de la jurisdicción española, el primer poblamiento de significación lo llevaron adelante los portugueses en 1680 en la Colonia del Sacramento, el asentamiento rioplatense a 50 km. de Buenos Aires. Antes, los españoles se ocuparon de introducir la riqueza ganadera.
Fue Banda Oriental (del río Uruguay) hasta el forzado retiro de los hispanos, Provincia Oriental como parte de una federación de áreas que hoy integran el Litoral argentino del río y el sector meridional de Río Grande del Sur en el ideario y la acción de José Artigas, principalmente entre 1815 y 1820.
El Uruguay surgió como estado independiente, en tanto fórmula transaccional que definió la disputa entre los dos grandes países de América del Sur, en la llamada Convención Preliminar de Paz, cumplida en Río de Janeiro en 1828 con la participación de la diplomacia de Argentina y Brasil así como con el decisivo auspicio del Imperio Británico aunque con la ausencia de representantes de la nueva nación. Surge entonces el calificado como "estado tapón".
TERRITORIO
La importancia de la escala de análisis
En un artículo con destino a lectores de otros países, no se puede dejar de priorizar como primera característica del país la escala en la que se inscribe. Con 176.215 km2, su área es similar al país menos extenso de América del Sur (Suriname) aunque a veces se destaque agregándole sus aguas territoriales. Partiendo de la metrópoli que reúne la mitad de la población del territorio, se puede alcanzar a los países limítrofes con sólo recorrer poco más de 300 kilómetros que son relativamente facilitados por una suave topografía.
La proximidad y la carencia de obstáculos significativos (la densidad de corrientes fluviales lo fue en otros tiempos) facilitan las comunicaciones de todo tipo, el conocimiento y control del territorio. Por otra parte, la pequeñez realza la importancia relativa de la frontera respecto de su área total, lo cual hace que no haya lugar que no esté próximo al borde e influido por sus condiciones.
La escasa superficie se complementa con un reducido contingente de población el que, desde el censo de 1963 espera superar los 3 millones de habitantes. La falta de un mercado consumidor interno ha justificado las políticas que desde el siglo pasado se dirigen a la obtención de objetivos comerciales externos.
La movilidad de los uruguayos es significativa, un porcentaje importante de residentes se ha desplazado más allá de las fronteras debido a lazos familiares con emigrantes, por razones recreativas o económicas. Además, las condiciones de vida tienden a vincular socialmente a un sector significativo de la población, en la enseñanza, en el trabajo y en todo tipo de actividades posibilitando que la relación directa entre individuos de un mismo sector social sea un factor que allana o, en ciertas oportunidades dificulta, la resolución de problemas. Se hace referencia al hecho por el carácter estratégico que el mismo tiene en la cohesión de la sociedad uruguaya.
La base física
Sin dificultad se pueden imaginar las características del subsuelo del Uruguay, prolongando correctamente las formaciones geológicas del sur de Brasil. Los terrenos precámbricos que comienzan en el límitrofe río Yaguarón predominan al sur del Río Negro que divide con rumbo diagonal al conjunto del territorio, es el área en la que dominan las colinas redondeadas y los cerros bajos pero destacados, de la penillanura cristalina o de las serranías que desde Río Branco alcanzan el puerto turístico de Piriápolis. Es en una de esas sierras que aparece el punto más alto del país -el Cerro Catedral en la Sierra de Carapé- a sólo 513 m. En los terrenos precámbricos se destaca la explotación de granitos, arenas, mármoles,feldespatos y, más recientemente, principalmente en el departamento de San José, el aprovechamiento económico de yacimientos de oro por parte de una empresa transaccional, hoy observada por los controles ambientales gubernamentales.
La Cobertura Sedimentaria Gondwánica domina el triángulo nororiental limitado por la Cuchilla de Haedo, el río Negro (al cual traspone) y la frontera, facilitando la existencia de una penillanura en la que se pueden percibir formas ligeramente planas. Los minerales arcillosos más destacados son el caolín y la montmorillonita. En esta área como en la anterior domina la explotación ganadera extensiva.
Las lavas efusivas básicas de la Cuenca del Paraná se extienden hacia el noroeste dando origen a terrenos que alcanzan su mayor nivel hacia oriente en la Cuchilla de Haedo y, por lo tanto, buzan hacia el Río Uruguay en un camino que siguen los afluentes de aquél. Allí los suelos son superficiales, particularmente aptos para el ganado que se alimenta con pastos poco desarrollados. En el norteño departamento de Artigas, las ágatas y amatistas constituyen un producto de exportación y, como en otros países, de colocación en áreas turísticas. El obstáculo de las lavas en el lecho de los ríos más importantes ha posibilitado la instalación de usinas que proporcionan el 90% de la energía eléctrica. La fracasada búsqueda de hidrocarburos ha permitido el acceso a fuentes hidrotermales a partir de las profundas areniscas de Tacuarembó (Botucatú) que hoy son aprovechadas por una actividad turística que cuenta con visitantes de los países limítrofes.
La cobertura sedimentaria cenozoica se destaca en la Cuenca de la Laguna Merín que comienza un arco que se continúa junto al Océano Atlántico, el Río de la Plata y bordea el Río Uruguay en su tramo final. Es la zona de las planicies que presenta diversas características según sean los sedimentos, las pendientes y su evolución. Hacia el este, se ubican los suelos mal drenados que facilitan una producción de arroz de altos redimientos destinada, principalmente, al mercado brasileño. En el sureste y sur constituyen la base de uno de los más significativos recursos turísticos del país: cientos de kilómetros de playas. Finalmente, hacia el suroeste, habilitan los suelos más fértiles, generalmente destacados por su producción cerealera.
En cuanto a los recursos minerales, se debe remarcar: a) el aún insuficiente avance de los estudios; b) la inexistencia de combustibles; c) la carencia de minerales metálicos de valor exportable; d) la abundancia en materiales de construcción, incluidas las calizas metamórficas de Minas y las sedimentarias de Paysandú; e) las particularidades de la ley de minería de comienzos de los años 80´ que es el motivo de contradicciones entre aspirantes a explotar un subsuelo que pertenece al Estado y productores agropecuarios que conservan la propiedad del suelo.
Si bien el territorio uruguayo se sitúa en la porción de la zona templada próxima al trópico sus características climáticas derivan de la dependencia permanente, facilitada por la carencia de elevaciones, de las masas de aire cálidas y húmedas del anticiclón del Atlántico así como de las frescas y secas del anticiclón del Pacífico sur. Aunque, en términos generales, la estacionalidad es marcada, la extrema irregularidad permite que en ciertos momentos invernales los termómetros superen los 25° Celsius.
El pasaje de los frentes facilita la existencia de una pluviosidad que va desde los 900 mm en el suroeste hasta los 1300 mm en el vértice noroeste. En el centro del país se registran los mayores niveles en materia de heladas (30 días por año) en tanto que los menores (20) hacia el suroeste, de mayor aptitud agrícola. En el apogeo estival, Punta del Este tiene una media mensual de 22°, mientras en julio llega a la mitad de esa cifra. En el extremo norte la fluctuación se sitúa entre 26 y 13° respectivamente.
Merced al perfil físico esbozado, el territorio cuenta con una dominante aptitud pecuaria cifrada en sus pasturas naturales, mejoradas o artificiales aunque no debe dejarse de lado al más del millón de hectáreas aún no suficientemente aprovechado por la explotación agrícola.
Los pobladores
A las limitaciones referidas al escaso número de población absoluta se suma un conjunto de características que la distingue de los demás países latinoamericanos. Con notorias similitudes respecto a los países del primer mundo, no sólo en cuanto a sus ancestros que llevaron a Darcy Ribeiro a ubicarlo entre los "pueblos trasplantados" ya que no existen comunidades indígenas, sino también en cuanto al peso de la tercera edad en la pirámide de la población -16% de 60 años y más-; una expectativa de vida de 72 años y medio; una baja tasa bruta de natalidad (17,8 por mil) que aún se ve disminuida no sólo por una tasa de mortalidad (10.3 por mil) sino por una emigración que no cesa de afectar principalmente a los jóvenes, dando como resultado un crecimiento intercensal decenal que no llega al 10%, y con una tasa de alfabetización que supera el 95%.
El peso de 630.000 jubilaciones y pensiones sobre una población de 3 millones ha ubicado a la seguridad social como un tema recurrente en la vida política del país, en la que un sector de la clase política se inclina por la contención de las remuneraciones y el cambio de régimen en base a iniciativas del Poder Ejecutivo o del Parlamento y la mayoría de la población responde repetidamente a través de instancias plebiscitarias con la defensa de los principios que sustentaron la previsión desde sus orígenes: solidaridad social, administración estatal y control mediante los representantes de los contribuyentes y beneficiarios.
Existen pocos ejemplos en el mundo de semejante desigual distribución de la población dado que la mitad de la población uruguaya se asienta en el área metropolitana de la capital, dominando en el resto los asentamientos en el borde del territorio -principalmente al sur y oeste del país a lo cual se agregó en los 70´y 80 el atractivo de la frontera con Brasil- restando un dramático vacío central que se vincula a la paulatina reducción de la población trabajadora de los establecimientos agropecuarios (-23% en veinte años). Una población urbana que se sitúa en torno del 85% pero en las que crece la extensión de la vivienda improvisada con escasez de servicios.
Montevideo integra la única área metropolitana de un país institucionalmente centralizado. Es sede del gobierno nacional y del gobierno del departamento homónimo, encabezados por diferentes partidos políticos. Además, es eje de comunicaciones radiales y de manera aplastante: mayor puerto, aeropuerto, centro financiero, industrial, comercial, educativo y cultural.
Del punto de vista migratorio, en el Uruguay se destacan claramente los fenómenos internacionales de los internos. La corriente campo-ciudad no fue muy significativa porque la ganadería extensiva nunca desarrolló el poblamiento rural y porque se cumplió temprana y lentamente y ya presenta signos de agotamiento. A partir de los años sesenta se produce una corriente migratoria de signo negativo que, incluso, comprende el regreso de europeos a su lugar de origen. El saldo migratorio neto se ha estimado entre 1963 y 1985 en 310.000 personas, o sea, el 12% del total de la población. Aunque resulta dificultosa la determinación precisa del destino de los emigrantes, seguramente, no menos de la mitad se dirigió a Argentina, con dominio de la ciudad de Buenos Aires, siendo el resto repartido entre Brasil, Estados Unidos, Australia, Canadá, España, Venezuela, Suecia y México. Hacia los cuatro últimos se dirigió un porcentaje importante de la migración política posterior al golpe de estado, mientras en los primeros países se destacó la llegada de uruguayos que buscaban solucionar su situación económica.
Los dilemas trascendentes
El primero en el tiempo se refiere a la permanencia, con las bases actuales, de lo que se ha denominado como plaza financiera. Haciendo un paralelismo al interior del Mercado Común del Sur, se percibe que Brasil tenía en 1990 un Producto Bruto Interno equivalente a 37,6 veces mayor que el de Uruguay pero, mientras en éste los depósitos en el sistema financiero signficaban el 56% del PBI (casi la mitad de esos depósitos provenían de no residentes), en Brasil alcanzaban sólo el 9,1%. El banco comercial privado de mayor volumen de depósitos en el Uruguay (Pan de Azúcar) llegaba a los 329 millones de dólares, en Argentina (Ciudad de Buenos Aires) a 460 y en Brasil (Citibank) a 704.
El gobierno dictatorial estableció, entre 1974 y 1979 las reglas del sistema financiero: libre movilidad de capitales, libre determinación de tasas de interés, eliminación del curso forzoso de la moneda nacional y libre asignación del crédito por parte de los agentes privados. En 1982 se aprobó la autorización a la banca off-shore y el secreto bancario. Posteriormente, el Estado uruguayo ha asumido las responsabilidades de bancos en quiebra y eliminado las prioridades que concedía la propia administración al Banco de la República.
A fines de 1994, la red bancaria la componían: de 3 bancos oficiales; 20 bancos privados extranjeros (no existen bancos de empresarios nacionales); 2 bancos transitoriamente administrados por el Estado a efectos de concretar su venta definitiva a capitales transnacionales.
La distribución del negocio bancario por parte de los capitales internacionales ratifica la distribución de la población y las actividades económicas ya que prioriza la instalación, fundamentalmente en la capital y en el área de Punta del Este, vale decir, en espacios internacionalizados, principalmente por los depósitos de los visitantes argentinos.Se polemiza respecto a las desventajas que los criterios de gestión actuales representan para el sector productivo del país.
Vinculada a la política financiera se encuentra la de zonas francas, principalmente a partir de 1987 en que se establece que el Poder Ejecutivo podrá disponer el establecimiento del régimen en cualquier punto del país. Ello supone la instauración de condiciones impositivas excepcionales, eliminación de monopolios estatales, oportunidad de realización de cualquier tipo de actividad económica, habilitación de administradores privados de zonas, apertura de cupos comerciales concedidos por terceros países, libre circulación de monedas y valores.
La política de zonas francas se propuso constituir una atracción para el capital extranjero que no plasmaron las leyes de promoción industrial y de inversión extranjera, buscando crear la expectativa de un asentamiento al interior del Mercosur sin costos impositivos. En agosto de 1994, esas aspiraciones, como era previsible, se desmoronaron ante la decisión de Argentina y Brasil que consideraron a los productos provenientes de las zonas francas uruguayas como ajenos al ámbito de los tratados de Asunción, debiendo, por lo tanto, sujetarse a las normas que rigen a las importaciones provenientes de terceros países.
Resta en el territorio la presencia de 9 zonas, de las cuales 6 apuntaban notoriamente a la relación con el mercado de la ciudad de Buenos Aires (3 en el departamento de Colonia) y solamente una alcanza la frontera con el Brasil. Contrariamente a las expectativas, las zonas francas uruguayas se han destinado a las funciones de depósitos comerciales para mercancías en tránsito hacia el consumidor uruguayo.
Por otra parte, no se han correspondido con la realidad, ni los objetivos descentralizadores -la zona más utilizada es la que se encuentra en el periurbano de la ciudad de Montevideo- ni las fuentes de trabajo aguardadas.
El carácter de estado-cuña del Uruguay se ve revalorizado estratégicamente en la actualidad con el desarrollo de los intercambios de mercaderías, personas y capitales entre Argentina y Brasil, entre éste y Chile y, por supuesto, entre aquellos y el Uruguay. Existe la posibilidad de que el territorio se convierta en un área que reduzca los tiempos y las distancias. Es desde esa óptica que se proyecta la construcción del Puente Colonia-Buenos Aires que sería el tramo fundamental de una rápida comunicación -el Eje Vial- entre Sao Paulo y Buenos Aires o los puertos del Pacífico.
Notoriamente, no habrá puente sin un acuerdo en la construcción de la gran carretera porque de lo contrario se seguiría empleando el cruce Uruguayana-Paso de los Libres (700 camiones diarios) y la peligrosa Ruta 14 del Litoral argentino. Ante la carencia de fuentes de trabajo, son varios los trazados reivindicados por agrupamientos locales en Brasil y Uruguay: el que concentra a los puntos situados en la ruta 5 hasta llegar a Rivera-Santa Ana do Livramento- Passo Fundo, etc. o la que lideran los municipios vinculados a la ruta 8 que incluyen a Lavalleja, Treinta y Tres, la Junta Local de Río Branco, Jaguarao, Pelotas, etc. entre otros, a modo de ejemplo. A su vez, el Litoral del Río Uruguay, tanto uruguayo como argentino reacciona con fuerza ante los planes de construcción del puente porque el mismo significaría un relevo del rol que en la actualidad cumple en las comunicaciones.
Para que se construya el puente será necesario que despierte el interés empresarial de quien o quienes estén dispuestos a arriesgar en base al mecanismo de concesión de obra pública, vale decir, quienes estimen que el cobro del peaje compensará con creces los riesgos de la inversión en un plazo conveniente, además del seguro acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Aún no ha aparecido un interesado totalmente decidido y es por ello, que todavía se consideran cinco posibilidades de trazados, con no menos de tres proyectos de cabecera por cada margen del Río de la Plata que están a consideración de la empresa dispuesta a invertir unos 800 millones de dólares.
En el extremo en que el inversor se inclinase por conectar la obra a las áreas céntricas de Buenos Aires y Colonia, sería para ésta un impacto socioeconómico comparable al de un poderoso temblor de tierra. Téngase presente que significaría la unión de una capital departamental de 20.000 habitantes (censo de 1985) con una metrópoli de 10 millones de personas. Dadas las diferencias en materia de calidad de vida que ambos puntos presentan, no es ocurrente afirmar que Colonia se convertiría rápidamente en una ciudad dormitorio de la capital argentina y un atractivo turístico de fines de semana para un sector importante de los bonaerenses. Ya el acuerdo por la futura construcción firmado por los dos países ha signficado una sobre- evaluación inmobiliaria del área, el arribo de inversores argentinos, el paulatino reforzamiento de la actividad turística y cambios en el uso del suelo. El segundo impacto seguramente lo constituirá un obrador para 2700 personas durante 4 años de construcción, lo cual redimensionará un rol que ha cumplido el departamento de Colonia desde el siglo pasado: proveedor de materiales de construcción para la ciudad de Buenos Aires.
Frente a cualquier trazado se debe tener presente que no hay todavía en el país una Ley de Ordenamiento territorial y que la legislación existente es insuficiente ya que sólo tratan acerca de los fraccionamientos, amanzanamientos, estímulos o desestímulos a la implantación en determinados lugares, disposiciones que autorizan a los entes autónomos a actuar en el territorio pero la realidad es que se carece de una política pública de regulación del territorio. En cuanto al control ambiental, hay una ley que está en los inicios de su aplicación en un país sin experiencia en ese campo.
El otro gran proyecto es el acondicionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná con finalización en el puerto de Nueva Palmira de Uruguay en donde ya hay asentada una zona franca. La hidrovía con una extensión de 3442 km. podría servir a un área de 720.000 Km2 compuesto por todos los países de la Cuenca del Plata. Por supuesto que la vía fluvial siempre existió y siempre ha sido empleada para el tránsito de cabotaje, ahora se trata de reducir en unos 10 días los casi 36 que significa el viaje desde el interior boliviano- paraguayo-brasileño hasta el Río de la Plata y convertirla en la primera salida regular del interior del continente sudamericano.
Los interesados en el funcionamiento de esta comunicación son las empresas explotadoras del manganeso y la soya que hoy se ven limitadas por los costos del transporte terrestre hacia los puertos del Atlántico así como quienes tienen intereses en los puertos que usufructuarían el comercio. Para alcanzar sus objetivos, el gobierno uruguayo no sólo deberá lograr el acuerdo para que se erradiquen curvas, se drague, se señalice, se sistematice la legislación aduanera, se fortalezca la policía de ríos sino que deberá concretar las obras internacionales del canal Martín García, ubicado entre la isla del mismo nombre y la costa uruguaya y el total reconocimiento de una terminal a la que no han renunciado los puertos de la argentina provincia de Santa Fe.
La apuesta a un Uruguay territorio de paso, con planes como el Eje Vial, el Puente Colonia-Buenos Aires y la Hidrovía que afectarán la vida del país por mucho tiempo, significa una opción que deberá ser el fruto de una discusión democrática con la participación del conjunto de la sociedad uruguaya.
Es indudable que los acuerdos del MERCOSUR constituyen una expresión regional del proceso de globalización y de constitución de bloques en distintas zonas del mundo aunque sería simplista interpretarlos como una simple iniciativa promovida por empresas transnacionales. Constituyen un relevante fenómeno geográfico en la medida en que han originado importantes acontecimientos de reconversión de actividades, marcos legales y transformación de espacios. Muchas veces se atribuyen al Mercosur impactos que van más allá de los acuerdos; es el caso de la competencia de productos del Extremo Oriente o del propio Chile que es fruto de políticas neoliberales nacionales que sustentan la apertura comercial como factor del desarrollo.
Seguramente, los más afectados por el tratado y las políticas señaladas han sido los productores primarios del sector agroalimentario que en el caso uruguayo han debido, por ejemplo, dejar de lado la producción de remolacha azucarera, caña (el mayor desempleo actual se presenta en el departamento de Artigas), oleaginosos, o que, aún continuando la explotación hortifrutícola ven peligrar incluso las posibilidades del mercado interno. También es significativa la disminución de fuentes de trabajo en industrias tales como la farmacéutica, la textil, la metalúrgica, la frigorífica y la del caucho. El problema se acentúa cuando se formulan políticas desreguladoras que no contemplan como el "welfare state", el aporte de créditos adecuados para el productor.
En el caso de la industria láctea, el ingreso de la empresa Parmalat al Uruguay mediante la compra de la preexistente "Lactería" pone en serio cuestionamiento a la mayor empresa del país, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche (CONAPROLE), agrupamiento de productores con respaldo y control estatal que recibe materia prima de 3850 productores, emplea a 2500 personas, posee 16 plantas y 7 en base a acuerdos, vende por 170 millones de dólares al interior del país y exporta por 92 (1993). Recientemente, Nestlé ha manifestado su interés de ingresar al mercado de lácteos uruguayos, para adquirir materia prima para su planta de Nogoyá, Entre Ríos.
La presencia de una empresa que se rige por criterios de lucro característicos en el capitalismo transnacional, que busca captar a los mayores proveedores de Conaprole con contratos que no puede suscribir individualmente una cooperativa, que cuenta con recursos que no se originan en el país, que posee plantas en los principales países del Mercosur y que se dirige, como todos los exportadores del área a satisfacer el déficit lácteo del mercado brasileño, lleva pausadamente a un cambio de reglas de juego en el mercado lácteo uruguayo.
Conaprole aspira a reducir costos de producción por medio de la universalización del tanque de frío, pero tiene relación con unos 800 pequeños o medianos productores que no alcanzan una capitalización que les permita en muchos casos adquirirlo y/o realizar la entrada de electricidad o el camino al predio que los camiones tanques requieren. Consecuencia: el abandono de los campos, los remates o la reconversión productiva están a la orden del día. Los partidarios de adaptarse a las nuevas condiciones que impone la globalización fundamentan la conversión de Conaprole en sociedad anónima en la que el productor ideal debe tener al menos 300 hectáreas, explotadas con tecnologías avanzadas.
Dentro de las actividades de trascendencia internacional se encuentra el movimiento turístico. Un turismo con desniveles estacionales que está compuesto en su mayoría por el veraneo de argentinos o uruguayos residentes en aquel país; aspecto muy permeable a los vaivenes económicos del socio del Mercosur. De acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo, en el primer trimestre de 1994, los turistas argentinos constituyeron el 80,4%, seguidos por los uruguayos residentes en el exterior con un 8,2%. El mayor ingreso se produce a través del puente que une Fray Bentos con Puerto Unzué, los puertos de Montevideo y Colonia. En el período mencionado tuvo como destino preferido Punta del Este en casi el 40%.
PARTICIPACION CIUDADANA
No hay lugar a dudas cuando se afirma que el Uruguay es uno de los países latinoamericanos con mayor participación ciudadana. Determinar los factores de que ello ocurra quizás ameritaría la realización de un ensayo multidisciplinario. Sin embargo, se efectuarán aquí algunos intentos de explicación. Precisemos previamente que el destacar dinamismo de la sociedad civil no significa ignorar que, como en otros puntos del orbe, ha sufrido últimamente un descenso.
La escala de terrritorio y población no es un aspecto desestimable, pero el regreso a una serie de hechos históricos resulta imprescindible. En el comienzo está la rebeldía oriental del período artiguista: en primer término contra España, luego frente a la hegemonía de la ciudad de Buenos Aires (hecho que motiva un inmenso éxodo popular que acompaña a José Artigas), posteriormente, ante los portugueses y al proyecto de la Provincia Cisplatina.
Hacia la década de los 70 del Siglo XIX, el país entra casi violentamente en el mercado capitalista internacional, es la hora de los ferrocarriles ingleses, de la transformación de las estancias cimarronas en establecimientos rurales que deben producir lanas para las fábricas textiles de Manchester y Liverpool y se produce la mayor importación de alambre para cercar los predios. Es tiempo de "sanear" el campo eliminando la gente que se encontraba fuera de la legalidad. Pero, paralelamente, se produce la reforma educativa encabezada por José Pedro Varela. Esa reforma significó: incremento de centros docentes, gratuidad, obligatoriedad, laicidad, reforma de los métodos educativos y ajuste del sistema a las condiciones del ambiente. Esa temprana revolución educativa sentará las bases para el ciudadano de cultura avanzada del siglo XX.
A comienzos del siglo actual, el presidente José Batlle y Ordóñez llevará adelante, con respaldo popular y aprovechando una favorable coyuntura internacional, un conjunto de resoluciones que significarán la nacionalización de bienes y servicios que, en algunos casos, estaban controlados por compañías inglesas. De esa forma crea el Banco de la República, el Banco de Seguros del Estado, el monopolio del cabotaje nacional, el Banco Hipotecario, las Usina Eléctricas del Estado, Administración de Tranvías y Ferrocarriles, proyecta la creación del Frigorífico Nacional, etc., vale decir, un programa nacionalista avanzado que fortalecerá el área estatal y la posibilidad de encarar emprendimientos colectivos. Esas realizaciones pasaron a formar parte del ideario popular.Por otra parte, la industrialización incipiente de aquellos tiempos se nutrió también de trabajadores inmigrados que junto a la técnica aportaban una gran eexperiencia en luchas sociales europeas.
En 1966, luego de casi un siglo de agrupamientos diversos, el movimiento sindical uruguayo alcanzó su total unificación a través de la Convención Nacional de Trabajadores, participó de duras jornadas de luchas sociales entre 1968 y 1972, sufrió la persecución a partir del golpe de estado de 1973 y resurgiró desde 1980, manteniendo desde 1985 su unidad en el denominado PIT-CNT.
Hay fechas históricas en la movilización popular: el acto antidictatorial de noviembre de 1983 que reunió a 400 mil personas de todos los partidos políticos en defensa de la democracia; las manifestaciones en favor del cumplimiento del juicio a los responsables de actos violatorios de los derechos humanos (superada por la opinión contraria de una mayoría de votantes en el plebiscito), los inmensos actos finales de las campañas electorales, los reiterados pronunciamientos plebiscitarios en favor de los derechos de los jubilados; la defensa del área estatal de la economía que obtiene el 71% de los votos en el plebiscito que se desarrolla en diciembre de 1992; las campañas en favor de un presupuesto digno para la enseñanza pública. También podríamos agregar acerca de la relativa importancia del sistema cooperativo, expresada entre otros por el ejemplar movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua que ha concretado entre 1969 y 1984, 140 conjuntos habitacionales en todo el país.
La movilización en torno a problemas ambientales es una inquietud más cercana en el tiempo. Se destacó en temas como la eventual instalación de una central nuclear en la ciudad de Paso de los Toros o los humedales del departamento de Rocha.
Se puede afirmar que, pese al descaecimiento de una enseñanza pública que en los últimos 30 años ha sido reducida en sus recursos, los objetivos de libertad, democracia, justicia social, defensa del Estado, enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria están mayoritariamente arraigados.
